La Ley General de Consumidores y Usuarios recoge los siguientes derechos básicos:
Derecho a la protección de su salud y su seguridad:
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Los productos y servicios destinados al consumo no deben suponer peligro para la salud y seguridad física de quienes los consumen.
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La Generalitat y los Ayuntamientos velan por el cumplimiento de la Ley y ejercen la adecuada vigilancia y control, previniendo y sancionando cualquier infracción que suponga un perjuicio para la seguridad y la salud de los consumidores.
Derecho a la protección de sus intereses económicos y sociales:
El consumidor tiene derecho a:
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Exactitud en el peso y medida de los bienes.
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Aplicación del régimen legal de los precios.
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Entrega de las facturas claras y exactas.
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Publicidad veraz y objetiva.
Datos de interés:
Dia de atención al público: todos los miércoles en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Derecho a la reparación de los daños y perjuicios:
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El consumidor tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios que puedan ocasionarle actividades que no respeten sus derechos. Para ello, es necesario efectuar la reclamación correspondiente en los términos establecidos por la Ley.
Derecho a la información y a la educación:
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Los consumidores tienen derecho a toda clase de información relacionada con el consumo. La publicidad debe ser veraz y objetiva, respetando la libertad de elección del consumidor y, en especial, la de los colectivos con particular necesidad de protección como niños, mujeres y personas mayores.
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En este sentido, las O.M.I.C.s prestan servicios de asesoramiento e información, y sirven de cauce para reclamaciones.
Derecho a la representación por asociaciones de consumidores:
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Los consumidores tienen derecho a participar, ser consultados y representados, a través de las asociaciones de consumidores, en todos los asuntos relacionados con el consumo. Estas asociaciones, además, sirven de cauce para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los consumidores.
Derecho a la protección ante situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión:
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La Administración Pública tiene como misión evitar y suplir en todo momento las situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión en que pudiera encontrarse el consumidor, individual o colectivamente.